En declaraciones a la prensa deportiva local, los tres futbolistas niegan su participación en el supuesto amaño de partidos, aseguran que no cometieron ningún ilícito y se quejan de que el seleccionador, Ever Hugo Almeida, "los quiere ensuciar".
Los jugadores fueron notificados oficialmente el pasado lunes de su inhabilitación provisional mientras una comisión de la FIFA concluye la investigación por el supuesto amaño de partidos en el que estarían involucrados.
"Estamos tristes porque un extranjero venga a nuestro país a querernos ensuciar. Almeida envió a otras personas para hacernos ver mal", dijo Ramírez.
Cabrera pidió que presenten, si existen, las pruebas "contundentes" que los implica en el amaño de partidos. Flores, por su lado, dijo que son usados como "chivos expiatorios".
Los tres jugadores coinciden en señalar a Almeida como el responsable de que los hayan inhabilitado y a través de su abogado, Gustavo Juárez, anunciaron que apelarán la decisión de la Federación Nacional de Fútbol de suspenderlos de forma provisional, desde hace ocho días.
Almeida no se pronunció sobre la acusación de los jugadores, que son investigados por una comisión de la FIFA por supuestamente haber recibido sobornos a cambio de amañar al menos tres partidos.
Según el secretario de la Federación, Renato Durán, la suspensión de los jugadores implica que no podrán tener ningún tipo de participación en el fútbol profesional de Guatemala hasta que la FIFA concluya las investigaciones del caso en el que se determinará si son o no responsables.
Los tres jugadores fueron expulsados de la selección guatemalteca en mayo pasado, por Almeida, quien argumentó actos de "indisciplina". El equipo se preparaba ese mes para encarar la tercera fase eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Brasil 2014.
Los supuestos "partidos arreglados" habrían sido los compromisos amistosos disputados por la selección guatemalteca, dos contra su similar de Costa Rica, y un tercero con Venezuela.
La delegación de la FIFA que investiga el caso, es encabezada por el español Javier Mena, quien deberá presentar un informe en base al cual la máxima autoridad mundial del fútbol decidirá la sanción a imponer a los que resulten responsables.
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