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La Fiscalía brasileña denuncia a Neymar, su padre y directivos del Barcelona

A través de un comunicado, el jugador, su papá, el presidente Josep María Bartomeu y su predecesor, Sandro Roselpor; fueron denunciados por evasión fiscal y falsificación documental.

Tal escrito fue divulgado por el Ministerio Público Federal (MPF) de la localidad de Santos. Habrían falsificado una serie de documentos entre 2006 y 2013 con la intención de evitar pagos de impuestos. 

La denuncia incluye también a Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, por presunta participación en una trama similar cuando se llevó a cabo el fichaje del jugador por el equipo catalán.

"Los fraudes fueron realizados en contratos relacionados al uso de los derechos de imagen de Neymar mientras jugaba para el Santos, a partir de 2006", y luego "durante el proceso de traspaso del jugador al FC Barcelona, cuyas negociaciones se iniciaron en 2011", señaló el MPF de la localidad del estado de Sao Paulo.

La denuncia, que fue presentada el pasado día 27 de enero, señala que las empresas Neymar Sport e Marketing, N&N Consultoria Esportiva e Empresarial y N&N Administração de Bens, Participações e Investimentos, ligadas a la familia del futbolista, estuvieron implicadas en estas maniobras irregulares.

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De acuerdo con la fiscalía, la acción de los denunciados "generó pérdidas millonarias a las arcas públicas".

En España, el delantero tuvo que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, en calidad de imputado por delitos de corrupción entre particulares y estafa en relación a su fichaje por el Barcelona cuando jugaba en el Santos.

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Neymar compareció ante el juez en el marco de una querella interpuesta por el fondo DIS, que se considera estafado por no haber percibido todo el dinero que le correspondía en el fichaje del jugador por el Barcelona en concepto de derechos federativos.

En septiembre del año pasado, la justicia brasileña bloqueó 188,8 millones de reales (unos 47,04 millones de dólares) de las cuentas del jugador y de su padre. Así como de las tres empresas vinculadas a la familia, para garantizar el pago de las deudas tributarias y de las posibles multas a las que podrían tener que hacer frente.

Tanto la Fiscalía como Hacienda de Brasil investigan a los imputados desde hace cerca de dos años, tiempo en el que las autoridades han reunido más de cinco mil páginas de documentos y diversas declaraciones de algunos implicados.

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